La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA) entre el presidente Nicolás Pino y su vicepresidente Marcos Pereda sumó en los últimos días un nuevo capítulo, esta vez a partir del proceso de digitalización de los registros genealógicos de la entidad.
Como se recordará, la disputa tomó mayor visibilidad en el marco de Expoagro, donde Pereda presentó la lista “Renovación y Unidad” con la que buscará competir por la presidencia de la entidad en las próximas elecciones
El proyecto de modernización de los registros se remonta a diciembre de 2021, cuando la conducción de la SRA lanzó un Plan Estratégico que contemplaba la actualización tecnológica. Según recordó el oficialismo a través de un comunicado, la iniciativa fue liderada por Pereda junto a su asesor Gustavo Papini, e incluyó el desarrollo de software específico y la conformación de un equipo técnico para su ejecución.
Desde la conducción encabezada por Pino, explicaron que en abril de 2023 se seleccionó a la empresa Mobile Computing S.A., en base a una recomendación técnica elaborada por un equipo en el que participaban Pereda, Papini, el entonces gerente general Fernando Mosquera y el líder de proyecto Gabriel Guerricagoitia. El contrato se firmó el 8 de junio de ese año con un plazo de ejecución de nueve meses.
Pino señaló que la firma del acuerdo se concretó pese a observaciones del Estudio Cassagne, que no fueron incorporadas. Un mes después, Mosquera presentó su renuncia. Posteriormente, en octubre, comenzaron negociaciones para una adenda contractual, ya con Papini como director ejecutivo interino de la SRA.
En ese proceso, el gerente general reincorporado Juan Harilaos advirtió sobre condiciones desfavorables y posibles conductas de mala fe. Sin embargo, el 19 de agosto de 2023 se acordó de manera informal ajustar tarifas por inflación y avanzar con la adenda, nuevamente sin revisión legal, según la versión oficial.
La conducción también indicó que en julio de 2024 Papini dejó la entidad y pasó a desempeñarse en una empresa vinculada a Pereda. Tras demoras en la entrega, la empresa proveedora informó entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 un avance del 94%. En mayo de ese año se iniciaron pruebas con vistas a un lanzamiento durante la Exposición Rural, aunque la Comisión Directiva decidió postergar la implementación hasta septiembre.
Finalmente, el sistema fue puesto en marcha en septiembre de 2025, más de dos años después de la firma del contrato, pero con fallas, desarrollos incompletos y limitaciones no informadas.
En enero de 2026, la SRA dispuso una auditoría integral. Según el comunicado, al iniciarse ese proceso los responsables técnicos renunciaron y la empresa contratada se negó a participar. Actualmente, el caso se encuentra en instancia de mediación judicial previa a eventuales acciones legales.
La respuesta de Pereda
Desde el espacio “Renovación y Unidad”, la respuesta no tardó en llegar. En su réplica, Pereda sostuvo que “como en toda institución presidencialista, en la SRA las decisiones estratégicas, los marcos de control y la ejecución final de cualquier proyecto de esta envergadura recaen en quien la conduce”, sostuvo el actual vicepresidente de los ruralistas.
Además, advirtió que el proceso implicó un costo superior a los 3 millones de dólares para los socios de la entidad, y atribuyó ese resultado a fallas en los mecanismos de seguimiento y auditoría. También consideraron que se intenta responsabilizar a Pereda pese a que, según indicaron, había planteado objeciones al esquema de decisiones concentradas.
El intercambio concluyó con el reclamo de una auditoría independiente con alcance sobre todo el proceso. De este modo, la discusión por la digitalización de los registros genealógicos se convirtió en un nuevo eje de la interna en la SRA, en un contexto atravesado por las elecciones de la entidad, que se llevarán a cabo en septiembre.