El Gobierno nacional anunció un acuerdo con los representantes del sector del practicaje, luego del conflicto que paralizó a las terminales portuarias argentinas. El entendimiento se conoció después de la advertencia oficial sobre posibles sanciones a los trabajadores y supone un freno a la aplicación de las medidas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
En concreto, el acuerdo contempla una reducción del 20% en las tarifas del practicaje y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques. “En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”, señalaron desde la Casa Rosada.
De esta manera, la nueva instancia de diálogo entre las partes será coordinada por el Gobierno nacional, junto con las carteras de Seguridad, Defensa y otras dependencias. “Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”.
Una promesa que duró poco
En su habitual conferencia de prensa ante los medios de comunicación, el vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado este mediodía la aplicación de sanciones a los trabajadores portuarios. “No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El conflicto comenzó el pasado viernes 1° de agosto, cuando el Gobierno nacional publicó el Decreto 690/2026, que planteaba modificaciones al régimen de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de todo el país. Entre sus principales lineamientos, buscaba cambiar las condiciones para la prestación y contratación de los servicios de practicaje y pilotaje, una situación que generó un fuerte rechazo del Centro de Navegación Argentina, que nuclea a estos trabajadores.
Ante este escenario, la entidad dispuso una medida de fuerza que impactó en todas las terminales portuarias argentinas, con una paralización del flujo habitual del comercio exterior. Según el cálculo de los exportadores, cada día de parálisis en los puertos representaba un costo de entre USD 50.000 y USD 100.000 por buque.
En las últimas horas, desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) deslizaron una crítica a la manera en que el oficialismo gestionó la situación. “Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad”, advirtieron desde la entidad presidida por Gustavo Idígoras.