En la inauguración de la 138° edición de la Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino, dedicó un par de párrafos de su discurso a OSPRERA, la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Con el presidente Javier Milei y parte de su gabinete entre los espectadores, el directivo remarcó que “OSPRERA está en grandes dificultades, los productores y trabajadores rurales aportamos a ese sistema de salud, pero no recibimos, hoy, la contraparte del servicio médico”.
Y agregó: “Es absurdo y preocupante que tengamos que buscar refugio en otras obras sociales teniendo la nuestra, o quedar abandonados, a la buena de Dios”.
Intervenciones que afectaron a los trabajadores
Vale poner esta afirmación en contexto y entender cuál fue el derrotero de la obra social desde marzo de 2023. Desde esa fecha hasta hoy, OSPRERA atravesó una sucesión de intervenciones judiciales y administrativas, que tuvieron un impacto directo en las prestaciones para los más de 700.000 afiliados en todo el país.
Durante estos años, el gremio UATRE buscó dejar en claro que las intervenciones recortaron de manera sistemática los derechos que garantizan el acceso a la salud de los trabajadores rurales. Hubo incluso denuncias penales que hoy continúan bajo investigación de la justicia, como fue el caso del ex interventor Marcelo Petroni acusado por administración fraudulenta, presunto desvío de fondos y contratos irregulares.
Pero más allá de estas dificultades, en los períodos en donde la obra social no estuvo intervenida, el sindicato liderado por Voytenco, puso en marcha un plan de saneamiento sobre la obra social para beneficiar a los afiliados.
Cronología del avance sobre OSPRERA
Desde marzo de 2023, la obra social atravesó una sucesión de intervenciones judiciales y administrativas que derivaron en distintos cambios de conducción y en una disputa sobre el control de la entidad. En ese momento la Justicia Federal de Santa Rosa dispuso la intervención de OSPRERA.
La medida se originó a partir de una denuncia presentada por una afiliada y delegada sindical, quien señaló un deterioro en la calidad de las prestaciones durante la gestión encabezada por el entonces vicepresidente de la obra social, Pablo Ansaloni.
Como consecuencia, el Consejo Directivo fue desplazado y el juez designó a Néstor Acuña como administrador provisorio y la intervención judicial se extendió durante quince meses. El 10 de junio de 2024, la Justicia Federal de Santa Rosa resolvió el cese de esa administración provisoria y ordenó que la conducción de la obra social regresara a la UATRE.
Proceso de normalización
Tras esa decisión, el sindicato inició el proceso para normalizar el funcionamiento institucional de OSPRERA. El 2 de julio de 2024, solicitó a la Superintendencia de Servicios de Salud la aprobación de las nuevas autoridades y, seis días después, el organismo aprobó el Consejo Directivo para el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2028. Con esa resolución se renovó el equipo gerencial de la obra social.
Sin embargo, un mes más tarde se produjo un nuevo cambio. El 6 de agosto de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud resolvió designar otra administración provisoria para OSPRERA al señalar la existencia de irregularidades y deficiencias.
En un nuevo tira y afloje, el 21 de agosto, la Justicia Federal de Santa Rosa declaró nula esa intervención por considerar que existieron irregularidades en el procedimiento y restituyó nuevamente al Consejo Directivo.
El rol de la Superintendencia de Salud
La situación volvió a modificarse el 26 de octubre de 2024, cuando la Superintendencia emitió una nueva resolución que desplazó otra vez a las autoridades de la obra social. La medida se apoyó en una resolución cautelar dictada por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
Durante esa intervención, que se prolongó entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, UATRE presentó distintas denuncias contra el interventor Marcelo Petroni. Según el gremio, existieron irregularidades vinculadas con la estructura administrativa, la contratación de servicios y el funcionamiento prestacional de la obra social.
Un nuevo año, los mismos problemas
El 14 de enero de 2026 se produjo un nuevo giro judicial. El juez federal Sebastián Casanello ordenó el cese inmediato de la intervención y dispuso la restitución del directorio elegido por la UATRE. En su resolución también levantó la inmovilización de las cuentas bancarias de José Voytenco y estableció la designación de un veedor para supervisar la transición institucional.
Esa decisión tuvo una vigencia limitada. El 19 de febrero de 2026, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó el fallo de Casanello, con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun y la disidencia de Eduardo Farah. El tribunal ordenó el restablecimiento inmediato de la intervención al considerar que continuaban las circunstancias que habían dado origen a la medida.
Finalmente, el 4 de marzo de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 127/2026, mediante el cual volvió a intervenir OSPRERA por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga.
La norma designó como interventor a César Augusto Lococo, quien quedó obligado a presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud sobre la situación institucional, administrativa y prestacional de la obra social.
De este modo, las resoluciones de distintos juzgados, de la Cámara Federal y del Poder Ejecutivo fueron modificando sucesivamente el esquema de gobierno de la obra social, en un proceso que continúa bajo intervención nacional.