La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados abrió esta semana el debate sobre el proyecto de Vandalismo Rural, con la participación de representantes de las principales entidades agropecuarias. Durante la reunión, los dirigentes reclamaron herramientas para prevenir robos, daños e ingresos no autorizados a establecimientos rurales y plantearon la situación de las familias que viven y trabajan en el campo.
El proyecto propone incorporar al Código Penal una figura específica de intrusión rural, con penas de uno a doce meses de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. También contempla agravantes para daños sobre infraestructura productiva, como silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados.
Ignacio Kovarsky, expresidente y actual secretario de CARBAP, sostuvo: “Es momento de dar igualdad. Necesitamos que se marque la cancha y creo que este proyecto nos va a dar igualdad”. Además, comparó la situación de quienes viven en establecimientos rurales con la de quienes habitan en pueblos y ciudades. “En el campo pasa lo mismo que en los pueblos, la seguridad es una materia pendiente”, afirmó.
Por su parte, Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina, remarcó que el reclamo del sector no apunta a contar con un régimen especial. “El campo argentino no reclama una protección privilegiada, reclama una protección eficaz”, afirmó.
La dirigente vinculó la seguridad con la actividad productiva y el arraigo: “La libertad de producir requiere seguridad, la inversión requiere previsibilidad, el trabajo necesita que las personas, los bienes y la infraestructura estén protegidos y la propiedad privada exige que su titular pueda excluir a quien pretende ingresar contra su voluntad”.
Ingresos no autorizados
Durante la reunión también se planteó que el ingreso no autorizado a un establecimiento puede constituir el primer paso hacia delitos de mayor gravedad. César Guatti, representante de CRA y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, sostuvo que “El ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural no siempre constituye una conducta menor”.
Guatti recordó casos de homicidios ocurridos en Corrientes y Misiones y señaló: “Entre Rudy Weber y Pitoy Díaz pasaron seis años. Cambiaron las provincias, cambiaron las víctimas, cambió la modalidad, pero no cambió un elemento esencial: delincuentes que ingresaron clandestinamente a los establecimientos rurales aprovechando aislamiento, distancia y dificultades de respuesta”.
En tanto, Claudio Angeleri, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, afirmó: “Detrás de una tranquera, de un campo, de un alambrado hay no solo producción sino familias que viven ahí”. También señaló que la problemática “no es solo por los robos sino por los saldos que puede dejar la intromisión de personas que no están autorizadas a entrar dentro de los establecimientos”.
La postura de CONINAGRO
Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, recordó que “hay muchos lugares recónditos en donde una persona necesita tener las mismas garantías que tiene cualquier persona que habita, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires”. Y agregó que quienes producen en esos territorios “están generando soberanía para la Argentina”.
Según expuso Santo Rosati, representante de CARBAP, entre julio de 2025 y julio de 2026 se registraron 4.487 delitos rurales en la provincia de Buenos Aires, incluidos diez homicidios. “Defendamos a la gente que está en el campo. Esa es la que nos da de comer”, reclamó.
El debate también tuvo respaldo de diputados de distintos bloques. Belén Avico afirmó que “romper un silobolsa, quemar un lote o sabotear una herramienta de trabajo no es una contravención menor”. Luis Basterra señaló que existe coincidencia sobre “la importancia de la seguridad de los productores y de las productoras en lo que es la vida rural”.
Carlos Zapata planteó durante la reunión: “¿Ustedes pueden concebir una policía rural sin móviles?”. Francisco Morchio resumió el reclamo con otra comparación: “A nadie le gusta que pasen por tu jardín en tu casa de Morón. Bueno, tampoco nos gusta en el campo de Gualeguay”.
“La realidad del campo es de incertidumbre”
El cierre estuvo a cargo de Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y uno de los impulsores de la iniciativa. “Cada uno de los que estamos sentados acá sabemos que la realidad del campo es de incertidumbre, que hay miedo, que hay tiros por arriba de la casa”, afirmó.
El debate dejó planteada una discusión que excede el aumento de las penas por delitos rurales: establecer qué herramientas puede utilizar el Estado frente al ingreso no autorizado a un establecimiento antes de que una intrusión derive en un robo, un daño, un ataque contra las personas o un episodio de violencia.