En los últimos días, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector del practicaje y puso fin al conflicto que había paralizado las terminales portuarias argentinas. El entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques.
El acuerdo se conoció luego de que el Gobierno advirtiera sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los trabajadores que participaban de la medida de fuerza. Además, implica la suspensión de la aplicación del decreto de desregulación del practicaje impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
“En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”, señalaron desde la Casa Rosada.
La nueva instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno nacional, con participación de las carteras de Seguridad, Defensa y otras dependencias. El objetivo será continuar con el análisis de los distintos puntos vinculados al funcionamiento del servicio y avanzar hacia un acuerdo definitivo.
“Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”, indicaron desde el Gobierno.
La advertencia de sanciones
Antes de que se conociera el acuerdo, el vocero presidencial Adrián Ravier había confirmado la posibilidad de aplicar sanciones a los trabajadores portuarios que participaban de la medida de fuerza. “No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada.
El conflicto se inició el viernes 1° de agosto, luego de la publicación del Decreto 690/2026, que estableció modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de todo el país.
La norma planteaba cambios en las condiciones para la prestación y contratación de los servicios de practicaje y pilotaje. La medida generó el rechazo del Centro de Navegación Argentina, que representa al sector, y derivó en una medida de fuerza que afectó la actividad de las terminales portuarias.
El costo de frenar la operatoria portuaria
La paralización tuvo impacto sobre el flujo habitual del comercio exterior argentino. De acuerdo con estimaciones de los exportadores, la interrupción de las operaciones podía representar un costo de entre USD 50.000 y USD 100.000 por buque y por día.
En este contexto, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) también se refirieron al conflicto y cuestionaron la forma en que se implementó la modificación del régimen. “Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad”, advirtieron desde la entidad que preside Gustavo Idígoras.
Con el acuerdo alcanzado, el servicio de practicaje retomará sus tareas y comenzará una nueva etapa de conversaciones entre el Gobierno y los representantes del sector. La mesa de trabajo deberá abordar los distintos aspectos del régimen mientras permanece suspendida la aplicación del decreto de desregulación.