Federico Sturzenegger volvió a abrir un frente de discusión entre el Gobierno y el sector agropecuario, esta vez en el marco de la Exposición Rural de Palermo, el principal encuentro anual del campo y un ámbito donde la administración de Javier Milei busca consolidar su vínculo con los productores.
El detonante fue un anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que propone modificar el mecanismo de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La iniciativa plantea eliminar los aportes obligatorios que hoy sostienen al organismo y reemplazarlos por un esquema de contribuciones voluntarias.
La propuesta se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por Sturzenegger y establece que, desde el 1° de octubre de 2027, dejarán de cobrarse los aportes compulsivos destinados al IPCVA. Además, encomienda al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y a la Secretaría de Agricultura cesar la recaudación de esos fondos.
El proyecto reavivó diferencias dentro de la cadena de ganados y carnes. Mientras las entidades rurales y las cámaras frigoríficas que integran el Consejo de Representantes del instituto respaldaron el sistema vigente, otros actores de la actividad y parte de la industria orientada al consumo interno ya habían planteado durante 2025 la necesidad de avanzar hacia un régimen voluntario.
Un escenario complejo
La discusión también adquirió relevancia por el contexto político. El debate se instaló en la antesala del discurso que Javier Milei pronunciará el domingo durante el acto inaugural de la Exposición Rural, un escenario donde el Presidente suele recibir el apoyo de buena parte del sector agropecuario.
El tema también formó parte de la agenda oficial en Palermo. El martes 21 de julio, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el ministro Sturzenegger compartieron un almuerzo con dirigentes ruralistas, encuentro en el que el futuro del esquema de financiamiento del IPCVA fue uno de los ejes de conversación.
Actualmente, los productores ganaderos aportan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna, mientras que la industria frigorífica contribuye con otro 0,02%. En la práctica, el aporte ronda los $1.170 por animal faenado y financia las actividades de promoción del instituto, además de colaborar con parte de las acciones sanitarias que desarrolla el SENASA.
El IPCVA defendió el sistema vigente
La respuesta de las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA fue inmediata. A través de un comunicado conjunto, manifestaron su respaldo al organismo y rechazaron cualquier modificación del actual esquema de financiamiento. El documento lleva la firma de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, el Consorcio de Exportadores ABC, CADIF, CICCRA, FIFRA y UNICA.
Las entidades recordaron que el IPCVA fue creado por ley tras la crisis sanitaria y económica de 2001 y señalaron que, desde entonces, se consolidó como una herramienta para la promoción de la carne vacuna argentina en los mercados interno y externo, el desarrollo de estudios técnicos, la apertura de nuevos destinos comerciales y el acompañamiento de acciones sanitarias junto al SENASA.
Además, advirtieron que reemplazar los aportes obligatorios por un sistema voluntario “significaría, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, al comprometer la continuidad de su financiamiento y dejar al organismo en desventaja frente a instituciones equivalentes de países competidores como Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
Un nuevo capítulo de la agenda desreguladora
La controversia por el futuro del IPCVA se suma a otros debates que en los últimos meses marcaron la relación entre el Ministerio de Desregulación y distintos sectores del agro. Entre ellos aparecen las modificaciones al sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y las iniciativas vinculadas al régimen de semillas.
En este caso, la discusión volvió a poner de manifiesto diferencias tanto entre el Gobierno y parte de la dirigencia agropecuaria como dentro de la propia cadena cárnica. Mientras algunos sectores consideran que el aporte obligatorio representa un costo que debería eliminarse, las entidades que integran el instituto sostienen que ese mecanismo permitió financiar una estrategia de promoción colectiva que contribuyó al posicionamiento de la carne vacuna argentina en los mercados internacionales.